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De un tiempo a esta parte y como signo de los tiempos, se ha instalado en nuestro vocabulario el concepto de Pobreza energética. Tiene que ver con aquellos hogares que bien por la caída de los ingresos, bien por la subida de la tarifa del gas y luz (un 90% en diez años), no pueden permitirse poner la calefacción o mantener la vivienda a una temperatura adecuada en el invierno.

En 2012 las eléctricas cortaron la luz a 1,4 millones de hogares, el doble que antes de la crisis. En 2013, sólo Iberdrola (no hay datos publicados de Endesa y Gas Natural) a más de 578.000 hogares.

Como siempre, la peor parte se la llevan los colectivos más castigados: Personas en desempleo, en situación de exclusión social, mayores de 60 años, niños y niñas y de forma general la parte más débil de la clase trabajadora.

Según la Organización Mundial para la Salud, 54 millones de personas se encuentran en esta situación en Europa y la pobreza energética es responsable del 30% de las muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas por ejemplo. Siguiendo estas indicaciones, diversos estudios estiman que en España en 2012 habrían muerto alrededor de 7.000 personas a causa de la pobreza energética.

Mientras tanto las ganancias de las empresas eléctricas continúan desbocadas y creciendo a un ritmo que supone casi el doble de sus análogas europeas. Concretamente empresas como Iberdrola, Endesa o Gas natural colocaron sus márgenes de beneficio en 2012 en el 6,78% mientras que los gigantes energéticos europeos como E.on, ENEL, EDF y RWE alcanzaron “solo” el 2,62%, lo que hace de España un paraíso para las empresas energéticas y un infierno para sus consumidores que ya se colocan en el cuarto puesto europeo de pobreza energética.

Para completar el cuadro, conviene recordar que el trato dispensado por el estado a estas empresas va mucho más allá de un trato amable. La Fiscalía Especial Anticorrupción, ha abierto una investigación para aclarar por qué el gobierno del PSOE primero y el del PP después, permitieron que prescribiera una deuda de las eléctricas con el estado por valor de tres mil millones de euros, tal y como denunció la plataforma por un nuevo modelo energético.

Este escenario abre el debate acerca de si sectores claves para la vida de un país como es la energía han de estar en manos privadas y sujetos a intereses particulares que a la luz de estas cifras parecen manifiestamente opuestos al interés general de ciudadanos y ciudadanas, no así, del interés de numerosos políticos que acaban formando parte de los consejos de administración de estas empresas cuando terminan su carrera política.

Como mínimo parecería sensato ejecutar como piden numerosos colectivos agrupados en la mencionada Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, una auditoría de costes para saber realmente que pagamos por consumir energía y cuánto por la indefensión que genera este monopolio de facto, que deja a la población indefensa ante un saqueo que nadie por el momento parece dispuesto a detener desde los diferentes gobiernos de turno.

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